“¿Cómo se puede entender que ocurra esto con una sentencia de la Corte Suprema? La respuesta es muy sencilla: cuando se trata del poder del dinero, nuestra institucionalidad cruje, la vara es otra”, afirma el diputado Fidel Espinoza en relación a los estacionamientos de Puerto Montt.
“El Estado debe sentir vergüenza que habiendo sido resuelto en octubre de 2013 por la Corte Suprema la procedencia del desalojo de los estacionamientos subterráneos de Puerto Montt, ocho años después nos encontremos en el mismo lugar. De una vez por todas hay que ser claros: este es un tema resuelto, estos terrenos son de la Armada y la empresa SBT, que no ha pagado en todo este tiempo por su uso, debe salir de ahí”, señaló el diputado por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval.
El parlamentario detalló que “cada cierto tiempo se publica la noticia respecto de la ocupación ilegal de los estacionamientos subterráneos por parte de la empresa SBT y se anuncia el posible desalojo. Esto ocurrió nuevamente la semana pasada. ¿Cómo se puede entender que ocurra esto con un fallo nada menos que de la Corte Suprema de hace ocho años? La respuesta es muy sencilla: cuando se trata del poder del dinero, nuestra institucionalidad cruje, la vara es otra”.
El diputado socialista aseguró que ¿no son acaso este tipo de injusticias y tratos preferentes los que fueron motivo del estallido social? ¿Por qué si a un ciudadano común se le pone de patitas en la calle al ocupar ilegalmente un inmueble, un poderoso como SBT puede pasar ocho años sin cumplir la sentencia del máximo tribunal del país? ¿Por qué vuelve a ser protegido por todo el sistema, a diferencia de un ciudadano común? ¿Qué o quién hace a la empresa SBT distinta a los demás?”.
En ese sentido, agregó que “debemos defender a los que trabajan el borde costero para llevar el alimento a sus hogares, a quienes quieren desalojar, y no a los que lucran en forma millonaria con ese sector y no acatan las leyes”.
Espinoza indicó que esta situación debe parar: “Que esta noticia se repita con calco ocho años después es una muestra del permanente abuso del poder sobre la autoridad, incluso, sobre la Gobernación y aprovechándose de los tribunales llamados a cumplir la ley”.
Finalmente, el ex presidente de la Cámara de Diputados aseguró que “aquí esperamos una acción del Gobierno más decidida, porque en 2013, durante la primera administración de Piñera, tampoco hizo nada. Hoy la gobernadora no debe tratar de lavarse las manos en una leguleyada: debe ser proactiva en recuperar para el Estado un terreno ocupado ilegalmente, porque no queremos pensar que existen otros intereses en el Gobierno Regional que los llama a no actuar y no ejecutar un fallo de la Corte Suprema”.