Lo ocurrido esta semana en Osorno, y que logró la atención pública de todo el país, es una situación que no podemos aceptar ni tolerar. Por más que se diga que fue un error humano el que mantiene desprovista de agua potable a una ciudad de más de 150 mil habitantes, lo cierto es que la empresa sanitaria Essal no estuvo a la altura para responder con agilidad ante la grave contingencia.
Es más, pretender culpar del hecho a un trabajador de la empresa simplemente no corresponde, porque Essal, en horas punta y con tarifas eléctricas de invierno elevadas, ha preferido -para abaratar costos- utilizar sus grupos generadores a diésel, sin considerar que por aquello podría ocasionar una emergencia sanitaria como la que hoy afecta a toda la comunidad osornina por más de siete días.
Pero, como estamos en Chile, también no es menos cierto que todos son “generales después de la batalla”. En lo personal, por años he fiscalizado a esta empresa sanitaria. Lo hice frente a la contaminación ambiental en Los Muermos, en el lago Llanquihue y, en 2018, por sucesos acontecidos en el río Rahue, en Osorno mismo. Así lo demuestran los oficios que hemos enviado durante este último tiempo y que pueden ver en nuestra página web.
¿Cuántos más han fiscalizado a Essal durante estos años? Hoy aparecen varios en las fotos al lado de los camiones aljibes anunciando las penas del infierno. Sin embargo, ¿cómo han votado en el Congreso para seguir protegiendo los intereses de estas empresas monopólicas y con ganancias más allá de lo establecido por la ley? Otros, en tanto, presentaron querellas. ¿Sabrá la comunidad que desde 2018 duerme en el Senado un proyecto que aprobamos en la Cámara sobre los servicios sanitarios y sus regulaciones? Basta de improvisaciones, asumamos responsabilidades y vayamos al fondo del asunto.
Lo único que evitará que tengamos en un futuro más episodios como los ya conocidos, es que aumentemos fuertemente las regulaciones, que pocos se atreven a modificar, y que la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplique sanciones efectivas y pertinentes al daño ocasionado, que, por cierto, van más allá de meras multas que al final terminan siendo pagadas por los propios usuarios.